Laura presentó el informe pericial.
El Ministerio Público pidió remitir copia al juzgado correspondiente.
La solicitud de incapacitación se hundió allí mismo.
Esa misma tarde, la jueza oyó a Santiago con una psicóloga presente.
Dos días después llegaron las medidas provisionales:
Custodia temporal para mí.
Visitas supervisadas para Alejandro.
Y prohibición de acercarse al domicilio de Carmen sin autorización judicial.
Tres meses después, el juzgado familiar confirmó la custodia conmigo.
Santiago empezó terapia.
Volvió a dormir sin sobresaltos.
Dejó de mirar la puerta cada vez que sonaba el elevador.
Los meses siguientes no fueron espectaculares.
Fueron importantes.
Como socia mayoritaria, Carmen convocó junta.
Destituyó a Alejandro.
Nombró un administrador externo.
Hubo que vender una bodega en mal estado.
Regularizar pagos.
Pero salvó a la empresa.
Y a cuarenta y tres empleados.
A mí no me regaló una fortuna.
Me pagó por ayudarla a ordenar el archivo.
Cubrió la terapia de Santiago.
Y compró, a nombre de las dos, un departamento modesto en Iztapalapa.
No era un premio.
Era una base.
Un año después llegó el final judicial.
Alejandro aceptó un acuerdo.
Condena por falsificación de documentos y administración fraudulenta.
Devolución del dinero.
Años sin poder administrar sociedades.
Y visitas condicionadas a tratamiento psicológico.
La noche en que firmamos la compra del departamento, Carmen me entregó un sobre amarillento.
Dentro estaba el comprobante de la transferencia.
Cien mil pesos.
“Compensación por traslado”.
—Guárdalo —dijo—.
—Es el dinero más rentable que ha gastado mi hijo.
Desde el pasillo, Santiago preguntó si podía pintar su habitación de azul.
—Solo una pared —respondió Carmen.
Yo miré a aquella mujer…
Y por fin entendí todo.
En el divorcio no me fui con los bienes de Alejandro.
Me fui con la única persona que sabía cuáles nunca habían sido suyos.
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