Traje negro.
Cabello recogido.
La carpeta azul de Gonzalo entre las manos.
Caminé hasta el frente acompañada por el secretario judicial y ocupé la silla elevada reservada para la administradora designada del procedimiento sucesorio.
Un segundo después entró el magistrado Robles y tomó su lugar en el centro.
No hizo falta que yo dijera una palabra.
El secretario lo hizo por mí.
Leyó mi nombre completo, mi cédula profesional, mi nombramiento como administradora especial
y custodio de la cláusula patrimonial activada por el difunto Gonzalo Salazar.
Luego anunció la suspensión provisional del acuerdo de divorcio, la nulidad temporal de cualquier renuncia firmada bajo ocultamiento de activos y el congelamiento inmediato de determinadas cuentas, sociedades y participaciones vinculadas a Alejandro Salazar.
He visto a hombres perder juicios millonarios sin pestañear.
Nunca había visto a Alejandro palidecer de aquella manera.
—Esto es absurdo —soltó, poniéndose de pie—.
Ella es mi esposa.
—Y también es la administradora designada en la adenda que su padre firmó ante notario —respondió el magistrado, sin alterar la voz—.
Tome asiento.
Patricia dejó de respirar por un instante.
Reconoció la carpeta azul.
Lo vi en su cara.
Ella sabía que Gonzalo guardaba secretos, pero jamás imaginó que uno de ellos llevaba mi nombre.
Valeria, en cambio, no entendía nada todavía.
Miraba a Alejandro buscando una explicación que él no tenía.
El primer documento proyectado en la pantalla fue el registro de transferencias.
Fechas.
Montos.
Empresas puente.
Firmas digitales.
Después vinieron los correos.
Luego los audios.
En uno de ellos, la voz de Valeria se escuchaba nítida mientras se reía con una amiga y decía que el apartamento lo había pagado el idiota de Alejandro, aunque técnicamente lo hubiera pagado la empresa.
En otro, Patricia instruía a un contador a cargar ciertos gastos personales a la fundación porque nadie se atrevería a auditar una obra social con el apellido Salazar.
Alejandro intentó hablar por encima de todos.
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